Noticias

Imagen 5

El Círculo de la Sanidad ve necesario revisar los contratos de las administraciones con empresas tras la subida del SMI

Para la entidad, el incremento del salario mínimo supone una buena noticia, pero puntualiza que debe reflejarse esta nueva realidad en los contratos que, cuando se firmaron, no contemplaban este contexto

Madrid, 14 de febrero de 2020.- El Círculo de la Sanidad ve necesario que los contratos firmados entre las administraciones públicas y las empresas sean revisados tras la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), puesto que entre 2019 y 2020 se ha producido un incremento del 29%.

Para esta entidad, se trata de una buena noticia, ya que permite mejorar el poder adquisitivo de las personas que cuentan con salarios más bajos, pero por otro lado, no se puede obviar que muchos contratos que ahora están vigentes no contemplaban esta realidad cuando se firmaron, ni contaban con previsión presupuestaria para afrontar el incremento en el coste de algunos empleados.

“No cabe duda de que, para las empresas del sector sanitario, cualquier acción que redunde en una mejora de la calidad de vida de las familias es muy positivo y, por tanto, estamos dispuestas a hacer esfuerzos para que esto sea posible. Sin embargo, las administraciones no pueden desentenderse del efecto que la subida del SMI tiene en determinados servicios públicos fundamentales, porque no podemos olvidar que las empresas del sector de la salud prestan, gracias a acuerdos con las instituciones, servicios públicos esenciales, o son proveedoras del SNS, permitiendo, por ejemplo, que un hospital público pueda funcionar correctamente”, señala el Círculo de la Sanidad.

En este sentido, recuerda que la seguridad o la limpieza, entre otros, son ejemplos de servicios capitales en el sistema sanitario, pese a que muchas veces no tienen tanta visibilidad para la ciudadanía. Así, reclama que el Ejecutivo reconsidere su posición actual de no compensar a las empresas con contratos con las administraciones. “No pedimos que las administraciones públicas se hagan cargo por completo de la legítima decisión del Ejecutivo de incrementar el SMI, pero sí que se corresponsabilicen y, al menos en parte, se revise la situación de determinados contratos que se ven muy afectados por la variación presupuestaria”, concluye la organización.