El Círculo de la Sanidad urge la revisión de los contratos con la sanidad pública

La calidad de la atención sanitaria en España podría verse seriamente mermada por el alza de la inflación y de los costes energéticos si las administraciones no toman medidas inmediatas y encaminadas a revisar el importe de los contratos, que se hacen mediante licitación pública y se lanzan tanto desde el Estado como desde las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas, y que solo contemplan una revisión de precios en “circunstancias imprevisibles”, algo que, a juicio del Círculo, se corresponde con la situación actual.

Las empresas del Círculo de la Sanidad proveen a las administraciones sanitarias de servicios tan variados como el de la logística sanitaria y biosanitaria, la producción de gases de uso médico, gestión de hospitales, electromedicina, ingeniería, consultoría, farmacología, tecnología médica avanzada y muchos otros, y son una parte esencial para el funcionamiento de la infraestructura sanitaria pública española.

“Prácticamente el 100% de las licitaciones para el sector público sanitario español no permiten revisión de precio —añade Ángel Puente—. Esto es grave, teniendo en cuenta la situación actual, pero más grave es si tenemos en cuenta que el precio, precisamente, supone casi siempre el 70/80% de la valoración del contrato. Esto ha hecho que las empresas privadas hayan ajustado los precios cada vez más en los últimos años, y los márgenes se han estrechado tanto que la situación sobrevenida y combinada de la inflación y la energía las esté llevando a una situación insostenible, en el límite de la insolvencia para algunas, y esto, de seguir así, acabará en despidos masivos e impactando en la calidad de la sanidad pública española. Estamos en una situación excepcional, crítica, y reclamamos a las administraciones que actúen en consecuencia˝.

Por este motivo, el Círculo de la Sanidad reclama que las administraciones admitan la imprevisibilidad de la situación y apliquen a las empresas concesionarias las mismas medidas excepcionales que se han aplicado a otros sectores, como el del transporte. Esta imprevisibilidad surge, entre otras, por la escalada de los precios, con una inflación anual estimada del IPC en septiembre del 9 por ciento, de acuerdo con el último indicador elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el mes de julio el indicador se elevó hasta el 10,8% en un año marcado por el alza de los precios de la electricidad, de los carburantes y el transporte.

Sin embargo, las medidas excepcionales anunciadas por el Gobierno para rebajar la factura a la industria electrointensiva, donde se incluyen las empresas farmacéuticas y de productos sanitarios, deja fuera al 80 por ciento de las compañías de tecnología sanitaria porque se trata de pymes a las que no se les pueden aplicar estas ayudas.

También se han quedado fuera de otras ayudas que sí han recibido el sector del transporte y el de las gasolineras, estas últimas en concepto de anticipos y devoluciones para hacer posible la bonificación de hasta 20 céntimos por litro repostado de combustible tanto a particulares como a empresarios.

A todo ello se suma el hecho de que el IVA al cero por ciento en productos,  material y equipamiento sanitario relacionado con la lucha frente al Covid finalizó el pasado mes de julio y ha vuelto la tasa impositiva del 21 por ciento.

“Los costes de las empresas privadas que dan servicio a la red de sanidad pública española, estatal y autonómica se han disparado en los últimos meses. Muchas de estas empresas son electrointensivas —es decir, que la energía eléctrica supone más del 55% de sus costes—, y por tanto han visto multiplicarse hasta por 20 sus costes energéticos en determinados momentos. Pero además están las empresas de logística que trabajan con los hospitales públicos, a las que el coste del combustible se les ha disparado, por no hablar del encarecimiento de los costes laborales, que ha sido de un 34% en los últimos meses, y que ha impactado gravemente en empresas concesionarias intensivas en empleo”, ha señalado el presidente del Círculo de la Sanidad, Ángel Puente.

Lo que reclama el Círculo de la Sanidad desde hace meses es la posibilidad de revisar el importe de los contratos a través de los cuales las empresas privadas sostienen el sistema sanitario para evitar el agravamiento de esta situación.

La Sanidad a debate

El pasado mes de abril, el Círculo organizó en Madrid una jornada titulada “La sanidad a debate”, donde participaron representantes de las administraciones y de las empresas privadas que trabajan en la sanidad pública, y donde se reclamó públicamente una “decisión política” para resolver esta situación y evitar que se produzcan despidos masivos y, en definitiva, que el sistema sanitario público quede dañado.

“Las empresas que llevamos años trabajando para la administración y que siempre hemos apostado por la colaboración público-privada y por la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, hemos realizado grandes esfuerzos y siempre hemos apoyado en los momentos mas duros y difíciles a la Administración y tenemos ejemplos como el éxito de Ifema o el hospital Zendal. Y es por ello que creemos que se deberían encontrar soluciones legales que permitan paliar las pérdidas que se están sufriendo”, remarcó Ángel Puente en esa jornada.

“Somos esenciales para la salud y para la industria, pero como somos más pequeños en volumen y en trabajadores se nos ignora”, lamentó en el mismo acto Javier Godoy, también asociado del Círculo. “El precio medio en España del kilovatio ha sido de 544, nueve veces más que hace un año. ¿No es eso un elemento de crisis para que la Administración se siente con sectores como el nuestro para trabajar juntos?”.