El desmantelamiento de Muface taponará el acceso de los pacientes a la primera consulta del especialista, frenando diagnósticos y cirugías

Madrid, miércoles 20 de noviembre de 2024.-  El Círculo de la Sanidad celebró hoy una nueva edición de los Debates del Círculo, con el título “Retos de la colaboración público-privada”, congregando en el Hotel Ilunion Atrium de Madrid a cerca de un centenar de expertos en gestión sanitaria.

El acto comenzó con el discurso de inauguración del presidente del Círculo de la Sanidad, Ángel Puente, en el que pidió “responsabilidad y respeto al Gobierno”, en relación al último informe del Ministerio de Sanidad que apoya la viabilidad del desmantelamiento del concierto sanitario de Muface y el trasvase de funcionarios al SNS. “Afirmar que el sistema público es capaz de absorber a los pacientes de Muface, con el volumen actual de las listas de espera, es una falta de respeto a todos los profesionales sanitarios y una tomadura de pelo a la ciudadanía”, denunció Ángel Puente. “La sostenibilidad del sistema es uno de los principales objetivos del Círculo de la Sanidad –puntualizó-, algo que no se entiende sin la colaboración público privada”.

Según datos de Proyecto Venturi, si se produjese la desaparición de Muface el problema no estaría tanto en la Atención Primaria sino en la Especializada. Con la incorporación de 1,5 M de funcionarios al SNS, se produciría un taponamiento en el acceso de los pacientes a la primera consulta del especialista, frenando los diagnósticos y, por consiguiente, las cirugías. El colectivo de pacientes de Muface generaría 8,4 M de consultas y 500.000 interconsultas, que irían directamente a engrosar las listas de espera.

Apuesta por la medición de resultados y por el paciente

El presidente de Kha Barcelona y exconsejero de Salud de Cataluña, Boi Ruiz, analizó los distintos sistemas de colaboración público-privados vigentes en nuestro país. Ruiz señaló alguna de las incongruencias del sistema, que parten en gran medida del “desconocimiento general sobre la definición de servicio público”. El Estado, explicó, puede decidir prestar ese servicio de interés general con medios propios o con recursos ajenos, mediante sistemas de colaboración público-privada, sin que por ello pierda su naturaleza de servicio público.

Durante la mañana se celebró también una mesa redonda, moderada por Salvador Urquía Grande, CEO de Grupo Serveo, en la que participaron grandes expertos en la gestión sanitaria como Carlos Rus, presidente de ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española); Carmen Rodríguez Pajares, gerente de atención especializada del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca; Luis Carretero, gerente del Servicio Cántabro de Salud; y Enrique Ruiz Escudero, portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Senado.

La posibilidad abierta desde el Ministerio de Sanidad para un próximo desmantelamiento de Muface fue un tema recurrente en el debate. Carlos Rus se refirió a “que realmente se trata de un ataque ideológico, no basado en resultados, sino en cuantía monetaria”. Explicó además que las comunidades autónomas caminan a diferentes velocidades, en cuanto al avance de nuevas fórmulas de colaboración, según su posicionamiento ideológico.

Por su parte, Carmen Rodríguez aportó su conocimiento del modelo concesional por su experiencia en el Hospital de Burgos, al que calificó de modelo de éxito, pese a que “en sus inicios tampoco estuvo exento de rechazo social”. Luis Carretero, también con gran experiencia en fórmulas concesionales, incidió sobre la necesidad de “aprovechar el talento venga de donde venga, poner al paciente en el centro y evaluar los proyectos de colaboración público-privada que han funcionado para medir resultados y seguir aprendiendo ”.

También Enrique Ruiz Escudero abordó la cuestión de la medición de resultados. “Si en Madrid no hubieran funcionado bien las primeras concesiones de hospitales —dijo—, no se habrían puesto en marcha más instalaciones”. En cuanto a la desaparición de Muface, Carretero explicó que la Comunidad de Madrid tendría que asumir directamente la atención sanitaria de 300.000 funcionarios, generando un gasto adicional de 400 M€.